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Ley de Transparencia; Derecho a la Información o Derecho de Reserva

Ley de Transparencia; Derecho a la Información o Derecho de Reserva

Análisis casuístico.

Desde la fecha en que se dictó la Ley de Transparencia N° 20.285 se han suscitado reiterados casos en los que los Derechos de Información y de Reserva, han colisionado, debiendo ser en definitiva la Iltsma. Corte de Apelaciones vía recurso de ilegalidad la que en definitiva ha establecido la amplitud de cada uno de los derechos en comento, manifestando en muchas oportunidades una disparidad de criterios con el Consejo para la Transparencia y los Tribunales Superiores de Justicia.

Mediante fallo de la Iltsma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 11 de diciembre del año 2014, dictado en causa Rol de Alzada N° 6741-2014, resolviendo un recurso de ilegalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de Macul en contra del fallo sobre recurso de amparo dictado por el Consejo para la Transparencia.

Dicho caso en concreto se suscita porque una contribuyente solicita a la Ilustre Municipalidad referida la entrega de un listado de contribuyentes con patentes comerciales morosas en la comuna, la que debía contener el nombre, R.U.T., domicilio, nombre de representante legal, detalle del monto de la deuda y períodos adeudados, lo que fue denegado por la Ilustre Municipalidad de Macul en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 y en los artículos 5° y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, presentándose por la solicitante un recurso de amparo a su derecho a la información ante el Consejo para la Transparencia, procediendo dicho organismo a acoger le amparo, ergo, ordenó a la Municipalidad de Macul a hace entrega de la información requerida.

La Iltsma. Corte de Apelaciones de Santiago acoge el reclamo de ilegalidad presentado por la Municipalidad de Macul respecto de la decisión del Consejo para la Transparencia, amparado en lo dispuesto en los artículos 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 y en los artículos 5° inciso 2 y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, denegando en consecuencia, la entrega de información requerida.

En cuanto a los argumentos esgrimidos en el caso en comento es dable atender el hecho de que la Ilustre Municipalidad niega la solicitud en atención a la protección de la vida privada de las personas que se encuentran en situación de incumplimiento respecto del pago de patentes municipales.

Por su parte, el Consejo para la Transparencia aduciendo los principios de control social e interés público prevalente estima que el interés público prevalente que existe en la revelación de la situación de incumplimiento respecto del pago de patentes municipales justifica el control social que debe tenerse respecto de esta información, es más, en la resolución analizada en esta presentación, el Consejo para la Transparencia incluso estima que por razones de “justicia social” debe darse a conocer la información y respecto de la aplicación de los dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República en relación a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, el Consejo para la Transparencia señala que al acceder a la solicitud de la contribuyente no se estaría incumpliendo el deber de promover y respetar el derecho a la vida privada y pública y a la honra de las personas y su familia, en este caso, de los deudores morosos, esto, puesto que dicho artículo protege la vida privada y la intimidad de las personas y la información solicitada es una información que se refiere a la vida pública

A su vez, la Corte de Apelaciones señala a este respecto que la entrega de la información solicitada transgrede el mandato constitucional ya que se pondría en entredicho la protección a la vida privada de las personas, puesto que dicha situación podría afectar tanto la honra como su prestigio comercial, provocándole un perjuicio de “difícil reparación”.

El análisis del presente caso resulta interesante puesto que en mi opinión el  Consejo para la Transparencia efectivamente vulnera el derecho a la vida privada y a la honra de las personas, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto, ya que sin perjuicio de la necesidad del control social que debe mantener la sociedad respecto de los actos, resoluciones, procedimientos, documentos y fundamentos de la Administración Pública, la publicidad de dicha información debe respetar la intimidad de las personas y en este caso, la honra de los ciudadanos morosos la que evidentemente se ve afectada al publicarse su deuda. Al publicar dicha información se generará la situación perversa de que por el solo hecho de figurar en el listado de morosos se va a discriminar al ciudadano.

Ahora bien, no se puede pretender, como lo hace el Consejo para la Transparencia, buscar imponer justicia mediante la publicidad de las deudas que mantengan un grupo de ciudadanos, ya que según su criterio, de no conocerse dicha información “se premiaría a los morosos y se castigaría a los diligentes”, los Municipios tienen herramientas suficientes para controlar y hacer cumplir el pago de los impuestos municipales a las personas, pudiendo ejercer vía judicial las acciones pertinentes respecto las deudas que se mantenga con el Municipio respectivo. La publicidad de la información solicitada en el caso en comento, en los términos realizados, provocaría que cada uno de los morosos que figuren en la lista sean sancionados socialmente sin tener posibilidad alguna de ejercer herramientas legales para poder desvirtuar dicha situación de morosidad, vía acción o excepción, resultando evidentemente afectada su honra y situación comercial injustamente.

El presente caso, además, da cuenta de la disparidad de criterios respecto de los Derechos de Información y de Reserva que mantienen el Consejo para la Transparencia y los Tribunales de Justicia, lo que evidentemente resulta preocupante, toda vez que provoca una falta de certeza jurídica respecto de la extensión del contenido de la Ley de Transparencia, principalmente en cuanto a los principios consagrados en la misma.

Víctor Hugo Ramirez
Abogado